Los orígenes
“Si las mujeres son la mitad de la comunidad… ¿no han de ser también la mitad de la solución?”. Esas fueron las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Namibia y presidente del Consejo de Seguridad de la ONU el día en que se aprobó la Resolución 1325. En octubre de 2000, el Consejo de Seguridad aprobó, por primera vez, en sus cincuenta años de historia, una resolución en la que se recoge la importancia de la perspectiva de género para la paz y la seguridad internacional.
En la Resolución 1325 se reconoce el efecto desproporcionado de los conflictos armados en mujeres y niñas, así como el rol clave que tienen en la prevención y resolución de conflictos, y la promoción de la paz y seguridad. Se hace un llamamiento a los Estados miembros para impulsar la representación de las mujeres en los procesos de paz y la toma de decisiones relativas a la gestión. También se insta al entrenamiento para el mantenimiento de la paz desde una perspectiva de género y a la protección de las mujeres en los conflictos armados y en las situaciones posbélicas.
Los antecedentes a esta resolución los encontramos ya a principios del siglo XX. En la I Guerra Mundial, la Alianza Internacional por el Voto de la Mujer, en nombre de doce millones de mujeres de 26 países, lazó un llamamiento a la conciliación. En mayo de 1915, alrededor de mil mujeres en representación de doce países (beligerantes y neutrales), se reunieron en la Haya en el Primer Congreso Internacional de Mujeres, donde nació la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. El Congreso protestó por el horror de la guerra hicieron diversas propuestas, entre las que estaban la igualdad de hombres y mujeres, y la creación de una organización pacífica de los conflictos entre países. Sin duda, sus proposiciones influenciaron la posterior formación de la Liga de las Naciones, precursora de Naciones Unidas. El proceso hasta llegar a la Resolución fue lento, y se construyó a partir de acuerdos previos de la comunidad internacional.
Posteriormente, otras siete resoluciones la complementan. Su aplicación a través de los diferentes Planes Nacionales de Acción es de vital importancia para la construcción y sostenibilidad de la paz. ONU Mujeres señala que la 1325 “convierte la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en una preocupación internacional de paz y seguridad”.
Imposible sin la sociedad civil
Tras la Guerra de Bosnia –entre 50.000 y 70.000 mujeres fueron violadas- y el genocidio en Ruanda, la violencia sexual marcó muchos de los movimientos feministas en los 90. Redes de defensa de los derechos de las mujeres, ONG’s y asociaciones pedían instrumentos de reparación. Es, precisamente, el trabajo de estas redes que surgen de la sociedad civil lo que propulsa la agenda de mujeres, paz y seguridad. Su papel es igualmente destacable en la evaluación de su implementación.
Un análisis estadístico de 181 acuerdos de paz firmados entre 1989 y 2011 constató que los procesos de paz en los que participaron mujeres como testigos, firmantes, mediadoras o negociadores registraban un 20% más de posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz duradero, al menos dos años. El cual aumentaba con el tiempo, de forma que la probabilidad de lograr uno que dure 15 años aumenta un 35%. Considerando estos datos, es incomprensible que tan solo un 9% del total de las personas negociadoras en 31 procesos de paz (entre 1992 y 2011 eran mujeres), de las cuales tan solo un 2% eran mediadoras principales.
Las organizaciones de la sociedad civil realizan un enorme trabajo de campo para conseguir la paz positiva, sostenible y estructural. Sin embargo, este esfuerzo no se ve reflejado en su inclusión en las mesas de decisiones. La estructura social depende de los acuerdos que se toman en las negociaciones: reconstrucción económica, educación, salud, personas desplazadas. Si las resoluciones llegan desde arriba, sin duda, las soluciones surgen de la base.
El ejemplo más reciente es Colombia, considerado el primer acuerdo que implementa una perspectiva de género en su concepción y desarrollo. En las mesas de negociación había dos mujeres, una participación sustantiva, comparada con el resto de procesos, aunque muy distante de ser representativa.
Sus mayores logros han surgido a partir de la formación de una Sub-Comisión de Género, con representantes tanto del Gobierno como de las FARC. Asociaciones de mujeres y víctimas han mantenido diálogos con las negociadoras y se incluyen de manera explícita derechos como la paridad política y el acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto armado.
Implicación de los Estados Miembros
El camino por recorrer aún es largo. Aunque la sociedad civil es clave, la voluntad política es esencial para acabar con la desigualdad estructural. Los estados han de aportar herramientas y financiación. No obstante, encontramos una ONU con una agenda más sobrecargada y con unos instrumentos que, lejos de incrementarse, cada vez son menores.
No se ha de perder de vista la dinámica de los Planes Nacionales para la aplicación de la Resolución 1325. El gobierno español se ha comprometido a elaborar un II Plan de Acción Nacional, nueve años después de la aprobación del primero. Con motivo de su participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el bienio 2015-2016, como miembro no permanente, ha puesto en el centro de la mesa la agenda mujeres, paz y seguridad.
No obstante, aún hay muchas posibilidades de mejorar su Plan, como su contacto con actores locales y el aumento de la financiación para lograr los objetivos propuestos por la 1325. Nuestra situación dista mucho de la de otros países como Suecia, a la cabeza en la política exterior feminista, y que ya ha puesto en marcha su III Plan de Acción Nacional (2016-2020).
La mayoría de los Estados Miembros no tienen motivos para la autocomplacencia cuando hacen balance de estos primeros dieciséis años de la 1325. La ONU, que ha cumplido ochenta años sin ninguna mujer al frente, aún ha de combatir esta brecha de género en el ámbito del empoderamiento político. La paz y seguridad de todos, depende de ello.
Marta Pérez- Cejuela Romero
For the Womanhood 